Nuevo año y viejas políticas
irresponsables en El Puerto. Comunicado sobre cierre de la Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) El Puerto
El pasado 2 de enero nos enteramos a través de la
prensa[1], que
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, gobernado por PP y Cs con el apoyo
de Vox, se ha negado a seguir financiado la Oficina de Intermediación sobre
Desahucios (OID), un recurso municipal que abrió sus puertas en 2015, y que
concluye su andadura apenas cuatro años después. En este tiempo ha atendido a
un total de 786 familias, en asuntos relacionados con ocupaciones de viviendas
y alquileres de infraviviendas, entre otros conflictos y problemáticas. La OID
ha alcanzado catorce acuerdos extrajudiciales con los bancos para las
devoluciones de cláusulas suelo; han conseguido paralizaciones de desalojos en
caso de ocupación que han beneficiado a 59 familias y se han acordado periodos
de carencia en otros 20 casos. A lo que habría que añadir un elemento
fundamental, un trato amable y cuidadoso, a la vez que profesional, en momentos
de extrema necesidad en los que se requiere una especial sensibilidad.
En nuestra investigación Infravivienda y vulnerabilidad
residencial en El Puerto de Santa María (2018), pudimos
comprobar la precaria situación en la que subsisten muchas de las familias de
El Puerto, especialmente aquellas más vulneradas, demandantes de vivienda
pública. A diferencia de otras ciudades, el proceso especulativo de la vivienda
no se da en un contexto de renovación urbana, sino en unos barrios en avanzado
proceso de deterioro, donde las viviendas no cumplen con unos mínimos de
habitabilidad. A pesar del alto volumen de infravivienda, no solo física sino
también social y administrativa, apenas ha habido respuesta desde las
instituciones, y menos una respuesta eficaz y sensible ante una “cruda
realidad” que reconocen los mismos políticos. Precisamente, una de los
proyectos que, dentro de sus limitaciones, ha podido defender los intereses de
esta población vulnerada, ahora ve cerradas sus puertas.
Puede haber diferentes explicaciones para esta
resolución (falta de recursos, ser una propuesta de otros partidos,
despreocupación por la situación de la vivienda, especialmente de las familias
más vulneradas, entre otras), pero ninguna justifica realmente el cese de un
servicio reconocido como “útil y necesario” por el propio gobierno, una semana
antes de cancelarlo.
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Imagen de un encuentro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
en la Oficina de Intermediación sobre los Desahucios.
Fuente: Diario de Cádiz, 04/02/2019.
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Desde el Grupo de Estudios Antropológicos ‘La Corrala’
lamentamos enormemente esta situación y queremos contribuir a denunciar la
continuación de políticas (y políticos) irresponsables, en este caso en materia
de vivienda, que atentan ya no solo contra la calidad de vida de las personas
sino contra la propia existencia de muchas familias que continúan pagando los
desmadres y la corrupción de aquellos que han mercantilizado lo que debería ser
un derecho fundamental e incuestionable.
